El Arbitraje

Mediante el arbitraje, dos o más partes en conflicto pueden resolver sus desavenencias de forma rápida y definitiva, Se trata de un método alternativo al procedimiento judicial, que permite a las partes dar solución a su controversia evitando los trámites de éste, su conocida lentitud y la posibilidad de ser sometidas sus resoluciones a varias instancias.

El arbitraje sólo tendrá lugar si las partes lo han acordado, bien en el contrato o documento en que suscribieron el negocio jurídico en el que surge la disputa mediante la inserción de la correspondiente cláusula arbitral (contrato, testamento, pactos o acuerdos de socios, estatutos…), o bien, una vez surgida la controversia, mediante acuerdo de sometimiento a arbitraje para su resolución.

En el arbitraje, las partes pueden incluso decidir qué persona o personas van a resolver su disputa, seleccionando, conjunta o separadamente, a uno o tres árbitros que, en este caso, compondrán el tribunal arbitral.

De lo contrario, será el tribunal el que, teniendo en cuenta las características y especialidad de la controversia, seleccionará de entre los árbitros que forman parte del listado aquel o aquellos en quienes entienda que concurran las mejores condiciones de formación y experiencia concreta en la materia sometida al litigio.

Incluso pueden pactar las partes cómo quieren que se desarrolle el procedimiento: plazos, trámites que se van a llevar a cabo, idioma y lugar del arbitraje, por ejemplo; en todo caso, se cuidará de que se salvaguarden los principios esenciales de igualdad de partes y derecho de defensa en el procedimiento, para garantizar la legalidad del laudo que finalmente se dicte.

Caso de no convenir lo contrario, el Tribunal Arbitral de Málaga dispone de un Reglamento, aprobado el pasado día 20 de julio de 2022 y vigente desde entonces, que se adapta – en incluso en aspectos mejora – los más modernos reglamentos de otras Cortes de Arbitraje y el propio Reglamento Arbitral Modelo del CEA que se contiene en el Código de Buenas Prácticas Arbitrales.

En el arbitraje de derecho, el árbitro utiliza sus conocimientos jurídicos y resuelve en derecho, mediante un laudo motivado con base a la ley.

En el arbitraje de equidad el árbitro emite el laudo conforme su leal saber y entender, a su criterio de lo que resulta más justo materialmente para resolver la controversia; el árbitro ha de motivar su decisión, mas no someterse a las normas jurídicas. Su margen de maniobra, en consecuencia, es mucho mayor, pudiendo moderar el resultado conforme considere conveniente. A salvo de acuerdo de las partes, el laudo se emitirá en derecho.

El arbitraje es internacional cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes tengan sus domicilios en Estados diferentes.
2. Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica de la que dimane la controversia o el lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las partes tengan sus domicilios.
3. Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comercio internacional.

El arbitraje es institucional cuando es administrado por una institución arbitral, como es el TAM, que aplicará su Reglamento arbitral, designará árbitros especializados en defecto de acuerdo al respecto de las partes, y velará por el desarrollo correcto del procedimiento, impulsándolo y procurando el cumplimiento de las garantías procesales.

El arbitraje se denomina “ad hoc” cuando las partes someter la controversia a uno o varios árbitros y se desarrolla sin la intervención de institución arbitral alguna. En este caso, el arbitraje se desarrollará en la forma que pacten las partes y, en su defecto, por lo previsto en la Ley de Arbitraje.

El TAM ofrece procedimiento eficaz, establecido en su Reglamento aprobado con fecha 20 de julio de 2022, adaptado a la Ley Modelo de la CNUDMI y acorde con los más modernos reglamentos arbitrales de tribunales y cortes nacionales, que regula todas las etapas del procedimiento arbitral: el acuerdo del arbitraje, la composición y competencia del tribunal arbitral, el alcance de su intervención, cada una de las fases del procedimiento arbitral, el desarrollo de la prueba y el laudo resultante.

El procedimiento arbitral es flexible: en el procedimiento tendrá lugar una comparecencia inicial, en la que, entre otras cosas, se establecerán mediante acuerdo de las partes las normas básicas que regularán el procedimiento. De no alcanzarse dicho acuerdo, o no especificarse cosa distinta al respecto, las partes se someten al procedimiento, plazos de actuaciones y demás actos procesales previstos en el Reglamento.

En cualquier caso, en el procedimiento arbitral se han de respetar los principios básicos establecidos en la Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre: audiencia, contradicción, igualdad, confidencialidad y economía procesal.

El procedimiento arbitral termina normalmente mediante la decisión final adoptada por el árbitro, a la que se denomina laudo y que goza de los mismos efectos que una sentencia judicial. El laudo es definitivo desde el momento en que se dicta y es un título ejecutivo vinculante para las partes.