Las partes pueden determinar de común acuerdo el procedimiento, o extremos concretos de éste, salvaguardándose en todo caso el principio de igualdad y el derecho de defensa.

En términos absolutos, el arbitraje es claramente más económico que el procedimiento judicial, en tanto que los costes previstos son razonables, la resolución es más rápida y no se han de atender los costes de una segunda o incluso tercera instancia. Además, el coste se puede calcular antes de la solicitud y queda determinado y abonado desde su inicio.

El TAM y el procedimiento establecido en el Reglamento garantizan la neutralidad e imparcialidad del árbitro; además, las partes pueden determinar extremos como el lugar del arbitraje, el derecho aplicable, el idioma en el que se tramitar, etc, lo que garantiza la igualdad de partes.

El TAM asegura la calidad técnica y especialización de los árbitros en la materia objeto de la disputa. Los árbitros, además de un conocimiento específico en cuestión litigiosa y en el proceso arbitral, disponen de más tiempo que los órganos judiciales para el estudio del caso, lo que redundará en la mayor eficacia del laudo.

El Reglamento garantiza especialmente la confidencialidad de la propia existencia del arbitraje y de las resoluciones que se dicten en su seno. Sólo si las partes muestran su acuerdo las resoluciones podrán publicarse, si bien garantizando en cualquier caso la confidencialidad de los litigantes y de los datos particulares del procedimiento que hayan de mantenerse confidenciales.

Los laudos son, incluso en caso en que se inste su nulidad, directamente ejecutivos ante la jurisdicción ordinaria, lo que garantiza la rápida ejecución de lo resuelto.

El procedimiento arbitral, en tanto que establece plazos de tramitación breves y es dirigido por un árbitro o tribunal arbitral que no está sometido al volumen de asuntos que soporta el juzgado, se resuelve en un tiempo mucho más corto que el judicial. Además,  determinados asuntos serán tramitados mediante procedimiento abreviado, de forma que serán resueltos en plazos mucho más breves. Si a esto sumamos el que el arbitraje se prevé como un procedimiento de única instancia, las partes podrán tener resuelto su litigio en plazos enormemente más breves que siguiendo un procedimiento judicial.